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PROGRAMA NACIONAL DE UCDE

A/ PRINCIPIOS GENERALES: 

 

1/ Tenemos como una de las herramientas básicas, la Doctrina Social de la Iglesia.

La otra será la RAZÓN, que asistida por el Espíritu Santo, nos llevará a reconocer el bien común y actualizar la norma social, atendiendo a los progresos en la ciencia, la tecnología y el proceso de globalización

 

2/ Defendemos los 4 principios No Negociables:

 

a- La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

En este punto, tenemos una propuesta legislativa, que no permite ningún plazo, ningún supuesto y ninguna financiación del Aborto voluntario. Tampoco se permite la creación o destrucción de embriones que no sean para crear vida humana, de uno en uno, a partir de los embriones congelados ya existentes. Tampoco se permite ningún tipo de Eutanasia activa o pasiva. 

 

b- Defensa, protección y promoción de la Familia, basada en el matrimonio entre hombre y mujer, para la posible procreación natural o adoptada.

 

c- Defensa, protección y promoción de la Educación de los hijos, en los valores que los padres quieran dotarles, siempre que no estén en contra del ordenamiento jurídico justo. 

La promoción deberá alcanzar tanto al sistema educativo público, com a un sistema concertado justo, si los padres así lo requieren. Por supuesto defendemos también la libertad de educación religiosa, admitiendo que nuestro país tiene unas específicas raíces y fundamentos cristianos, que se deberán proteger especialmente.

 

d- Defendemos un Estado, que garantice el bien común, aplicando el principio de subsidiaridad en su relación con la sociedad civil, guardando el equilibrio de intervención mínimamente necesario para garantizar los servicios, que la persona, la familia o las sociedades intermedias no son capaces de garantizar o gestionar adecuadamente. En este sentido, el Estado, debe promocionar las iniciativas de la sociedad civil, incluido el acceso de la misma a la actividad política.

 

3/Defendemos la unidad de la Nación española, basada en el derecho a decidir de todos los españoles. 

 

4/ Apoyamos la Constitución española de 1978, aprobada por mas del 80% de los votantes españoles en referéndum y proponemos los cambios necesarios, mediante las herramientas que la misma constitución prevee y para mejorar aquellos aspectos que se hayan observado defectuosos, durante los 40 años de experiencia.

 

5/ Proponemos, el derecho a tener un empleo o trabajo, como el derecho básico primario, que garantice y module el acceso al resto de los derechos característicos de la sociedad del bienestar, cooperando con su cotización al sostenimiento de los servicios públicos y determinando el nivel adquisitivo de los bienes privados, según el esfuerzo y  capacidad de cada persona.

En este sentido, proponemos que todas las ayudas o subsidios sociales, sean en forma de empleo en el mercado productivo o de servicios, principalmente privado

Para ello contamos con una propuesta legislativa, para convertir gran porcentaje de las ayudas y subsidios públicos actuales, en empleo.

Solo aquellos casos en los que esta medida no fuera posible, se promoverán, las ayudas sociales, que garantizen la dignidad de la persona y la familia, pero siempre, acompañadas, de un sistema de formación o sistema ocupacional, en la administración pública, mientras duren las ayudas e intentando que esta ocupación sirva ademas de formar a la persona a la que se ayuda, para completar y mejorar las deficiencias de los servicios públicos de la administración. 

 

B/  PROPUESTAS GENERALES POR MINISTERIOS:

 

Norma General sobre las propuestas:

  • Algunas propuestas pueden suponer un cambio constitucional, que por supuesto defenderemos cuando haya el consenso suficiente. Hasta entonces, se intentará negociar para conseguir ese consenso mínimo y mientras tanto legislar conforme a la constitución vigente, acercándonos en lo máximo a las propuestas de nuestro programa.
  • Nuestras propuestas se llevarán a cabo en su totalidad, si tenemos la mayoría suficiente. Mientras tanto negociaremos para hacer valer nuestras propuestas en el mismo grado de confianza que las elecciones nos hayan dado. Es decir si negociamos con un gobierno del que somos un 20% de su fuerza de votos, exigiremos la aprobación de un 20% de nuestras propuestas, pero sin renunciar nunca a nuestros principios No Negociables.

 

 

B1/ ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO:

 

  • Disminuir el tamaño y gasto del Estado:
  • Disminución inmediata al mínimo de cargos electos que permita la constitución.
  • Objetivo de disminución del numero de funcionarios y cargos electos, en todas las administraciones, a la tercera parte de la actual, en 2-3 legislaturas.

 

  • Gestión y Transparencia de la Administración del Estado:
  • Garantizar una administración compuesta por las personas mas capaces, mediante un sistema de oposición justo y que valore solo el mérito y capacidad de cualquier ciudadano español en cualquier administración del Estado y en los que la única lengua obligatoria sea el español.
  • Garantizar una administración básica en todos los sectores de la vida social, que asegure en todo momento a la sociedad el acceso (en condiciones asumibles) a los recursos básicos necesarios para llevar una vida digna. En este sentido proponemos una administración fija mínima y otra eventual-temporal, que capacite al estado como contrapeso de los posibles excesos o deficiencias en la actuación de la sociedad civil (garantía de precios asequibles, abastecimiento de productos básicos y evitación de monopolios privados).

 

  • Propuestas de cambio en las instituciones del Estado:
  • Convertir el Senado en una cámara no legislativa, sino de debate de la sociedad civil, de relación interautonómica y de análisis internacional, que recoga las iniciativas legislativas de la sociedad civil y las proponga al congreso de los diputados. Para ello el sistema electoral de elección de senadores, será en listas abiertas, para toda persona asociación o partido político que consiga al menos el 0,1 de los avales del censo. Un 20% será de designación real, de entre las personas o asociaciones civiles con una especial relevancia nacional o internacional. El rey hará una propuesta de con una lista con el doble de senadores a los correspondientes a la designación real y esta lista real será sometida a votación en listas abiertas durante el acto electoral.

 

  • Propuestas de cambio en las relaciones institucionales y la justicia:
  • Toda ley emanada del congreso de los diputados, será de rango superior a cualquier otra norma o legislación autonómica o local, quedando inhábiles y derogadas todas aquellas normas o legislación de rango inferior, contrarias a la ley general.
  • Para garantizar de mejor manera la independencia del poder judicial respecto del poder legislativo, proponemos que el 50%  de los miembros del consejo del poder judicial, sean nombrados por el congreso de los diputados proporcionalmente al numero de escaños conseguidos por cada partido o grupo de partidos.   Un 25% sean nombrados por concurso de méritos a nivel nacional, en cada legislatura. Si no se cubrieran las plazas en este concurso de méritos, será el rey quien designe los que falten, con criterios exclusivos de mérito y aceptación voluntaria del interesado.  El otro 25% serán vitalicios, hasta la edad de jubilación y se conseguirán en primera instancia por concurso oposición, renovándose posteriormente de la misma forma, cada vez que haya una vacante. Estos miembros vitalicios, podrán ser vetados por el Rey (como representante y garante máximo de la unidad Nacional), si observara en el miembro candidato una actitud o antecedentes contra la unidad nacional (que deberán ser razonados). Todos ellos deberán jurar obediencia a la constitución, velar por la unidad nacional  y cumplir y hacer cumplir la leyes.
  • El fiscal general del estado será nombrado directamente por mayoría del consejo general del poder judicial, e independiente del gobierno. Será responsable de la denuncia de todo supuesto delito del que tenga conocimiento a través de la denuncia del resto de las instituciones, como a través de los medios de comunicación o denuncias de la sociedad civil. Su actuación será lo más diligente posible, guiándose por los criterios de legalidad, prevención, gravedad del delito y protección social.

 

 

B2/  PROPUESTRAS SOBRE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN:

 

  • Educación y Universidad:
  • Proponemos una comisión permanente de estudio en el Senado, para ir consiguiendo consensos en materia educativa, que luego se propondrían legislar al gobierno y aprobar en el congreso.
  • Promocion del derecho primigenio de los padres a educar a sus hijos en sus valores, durante la enseñanza obligatoria, mediante una ayuda del estado a cada niño/a, de forma igualitaria y suficiente, mediante el cheque escolar u otro método similar.
  • Promoción del sistema o centro educativo que los padres deseen, incluida la enseñanza diferenciada o/y religiosa o el Homeschooling, siempre que se garantizen la adquisición de los conocimientos necesarios, por los sistemas de evaluación oficiales.
  • Incluir en las materias educativas obligatorias, el estudio básico de: El ingles desde educación preescolar ademas de la lengua española y la cooficial donde las haya, lenguaje básico de programación, contabilidad básica, derecho y fiscalidad básica, cuidados de salud básicos, legislación laboral y autoempleo, responsabilidad ecológica.
  • Educación basada en el reconocimiento y promoción del talento individual, disminuyendo las exigencias de otras materias a un nivel básico.
  • Devolver la autoridad del profesor, con una mayor protección legal ante los ataques físicos o verbales de estudiantes o familiares así como recuperando su capacidad de castigo proporcionado (incluido el cachete si fuera necesario). A cambio se le exigirá una mayor responsabilidad en la detección de los malos resultados escolares y de la violencia entre estudiantes.
  • Disminuir los años de estudios, para poder alcanzar un grado universitario a la edad de 21 años de la siguiente forma: Preescolar igual que ahora de 0 a 5 años. Primaria de 6 a 10 años, Secundaria de 11 a 14 años, Bachillerato o FP de 15 a 16 años. Grado universitario de 4 años de 17 a 20 años (ambos incluidos).
  • La enseñanza de Bachillerato, FP y Grado Universitario será totalmente Dual, combinando teoría con practicas-trabajo en centros públicos o privados de la sociedad civil acreditados e incluso promocionándose la estancia de 24 horas en los centros de estudio-trabajo de los estudiantes.
  • Todo título de grado, capacitará para realizar un trabajo profesional determinado.
  • Las capacidades y títulos superiores al grado, se realizarán en cursos de especialización o masters debidamente acreditados y oficiales, de al menos un año de duración, superando los controles previstos. Las titulaciones de más años, serán compensadas en los baremos profesionales de la administración pública con la consiguiente mejora económica y de nivel profesional, capacitando asimismo para el acceso a cargos de superior responsabilidad. Las licenciaturas o grados actuales se convertirán en grados de 4 años, mas los masters correspondientes que superen a los 4 años. Asimismo los que dispongan actualmente, de estudios universitarios superiores a los 4 años tendrán un título de grado + los masters de 1 año correspondientes. Así por ejemplo un especialista en cirugía que ha cursado una licenciatura de 6 años+1 examen MIR+5 años de Residente MIR, tendrá un grado de Medicina y Cirugía General + el correspondiente a 8 años de Másters.
  • Todo estudiante que consiga un grado, tendrá derecho a un director de tesis para acceder al doctorado y podrá solicitar y cursar el mismo en las condiciones previstas en la ley.

 

  • Investigación:
  • Se creará otra comisión permanente en el Senado para consensuar las líneas maestras y las necesidades en investigación que España tiene en cada momento y para proponer al gobierno las medidas a adoptar.
  • Se creará una ley de investigación que velará por conocer, promover y gestionar adecuadamente las necesidades en investigación en España y para declarar los mecanismos de colaboración entre la investigación pública, privada e internacional.
  • Proponemos una ley de mecenazgo que facilite y reconozca la  colaboración de la iniciativa privada en la  mejora de la investigación.
  • El ministerio encargado de Investigación, será responsable de captar el talento para la investigación y de tratar de formarlo adecuadamente y posteriormente conservarlos en nuestro país. En este momento también proponemos la creación de un organismo en la administración que se ocupe de contactar y facilitar el regreso de los investigadores españoles que estén trabajando fuera de España y deseen volver. También puede encargarse del fichaje de los investigadores extranjeros que necesitemos.

 

B3/ BIEN COMÚN, SUBSIDIARIDAD, SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA:

 

El estado y sus instituciones son una necesidad social y un derecho individual de todo ser humano, en cuanto proporciona y garantiza de forma exclusiva el acceso a ciertos derechos individuales y sociales que son parte de la dignidad humana pero que hay que armonizar, para  conseguir el BIEN COMÚN.

Entre los derechos que garantiza el Estado y solo él puede hacerlo están: La justicia o normas de convivencia, la autoridad pública y el orden, la defensa de los individuos los bienes y el territorio, un sistema económico que garantice el acceso a los bienes necesarios para vivir y procrearse y las relaciones exteriores.

Para ello el Estado necesita unos representantes elegidos democráticamente de la Sociedad Civil y que velen por su voluntad e intereses.

Sin embargo el estado no debe suplir o dificultar,  en las funciones que el individuo o la sociedad civil intermedia, pueden realizar por su cuenta, siempre que no vayan en contra del bien común y la libertad de los individuos.

Lo que sí es función del Estado es promocionar o ayudar a los ciudadanos y a la sociedad intermedia en su libre iniciativa, siempre que se considere de interés público.

En este sentido el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria en que la iniciativa privada de la sociedad civil se desarrolle adecuadamente para colaborar en el bien común.

La Democracia es el sistema político que mejor garantiza la participación ciudadana en la sociedad civil. Pero si no se profundiza en su mejora y profundización continuas, tiende a su mínima expresión, por lo que el  Estado debe esforzarse por vigilar y mejorar en la profundización continua de la Democracia, estableciendo las normas necesarias en cada momento.

 

En la actualidad, UCDE ha observado una serie de problemas en este apartado, muchos de ellos, derivados de un estado de verdadera PARTITOCRACIA, por la que los partidos políticos tienden a mantener mas sus privilegios que a servir al bien común y por tanto llevan a su mínima expresión tanto el bien común y restringen muchas veces por interés la profundización democrática y el protagonismo de la sociedad civil.

Por tanto desde UCDE hacemos las siguientes propuestas para revertir este estado de partitocracia:

 

  • Disminución al mínimo necesario la financiación pública de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Tendiendo los mismos a la autofinanciación por afiliación.

 

  • Desaparición de las ventajas económicas y sociales de la clase política:
  • Desaparición de las pensiones vitalicias de presidente del gobierno y ministros.
  • Desaparición de todos los aforamientos, salvo los miembros del gobierno, que están aforados tan solo solo de los hechos investigados durante su mandato.
  • Desaparición de las dietas no necesarias.
  • Regulación-Desaparición de las puertas giratorias.

 

  • Sin embargo desde UCDE proponemos que los representantes públicos puedan tener un sueldo suficiente para no tener que preocuparse de las necesidades propias y de su familia. Proponemos durante su mandato una incompatibilidad con otros trabajos remunerados.

 

  • Asimismo aunque no haya puertas giratorias, sí proponemos un tiempo de actualización y formación de los representantes públicos, para cuando dejen su actividad pública y se reintegren a su profesión. También proponemos que el tiempo dedicado a la actividad pública cuente de forma generosa en su currículum.

 

  • Para la profundización democrática proponemos:
  • Un sistema de votación doble, en el congreso de diputados, (sobre todo en temas de conciencia), uno no sujeto a disciplina de partido y seguidamente otro sujeto a disciplina de partido que sería el válido. El primero serviría para conocer el pensamiento real de la cámara.
  • Igualar en el 0,1 de avales, la participación electoral tanto de los nuevos partidos políticos, como de las agrupaciones electorales.
  • Generalizar y facilitar la firma digital de los ciudadanos.
  • Valoración y discusión y votación pública en el Senado de cualquier iniciativa legislativa popular que consiga mas de 300000 firmas. Si la votación en el senado fuera favorable, el gobierno tendría que proponer una ley sobre la misma que el congreso debería ratificar en menos de 3 meses desde la propuesta del Senado.
  • Un sistema electoral que favorezca la transparencia y al mismo tiempo la gobernabilidad durante los años de mandato. Para ello proponemos sistemas de elección a doble vuelta. En la primera vuelta se hará el reparto de escaños proporcional a los votos recibidos. Si un partido o coalición consigue mayoría absoluta, no habrá segunda vuelta. Si no es así se genera una segunda vuelta en la que conservándose los escaños de la primera vuelta para cada partido, se presentarán el primero y el segundo solos o en coalición con el resto de partidos. Al partido ganador se le concederán al menos la mitad + 1 de los escaños. Esto asegurará la gobernabilidad y ademas dará a los ciudadanos una segunda oportunidad de voto, mirando las coaliciones que se proponen y que pudieran hacer cambiar su sentido del voto.
  • Creación de un buzón de denuncias anónimo para irregularidades o ilegalidades públicas o privadas, que la administración deberá gestionar con criterios de gravedad e interés para preservar la dignidad de las personas y la sociedad civil.

 

 

B4/ PROPUESTAS SOBRE ECONOMÍA, EMPLEO Y FISCALIDAD:

 

  • Disminución del gasto público de la administración a un tercio del actual en 2 legislaturas.
  •  
  • Propuesta económica innovadora, de conversión de todo subsidio público en empleo.
  • Conversión de un tercio de los subsidios actuales, en empleo que cotiza (preferentemente en el  sector privado).
  • Derecho al trabajo de toda persona identificada legalmente, sea o no español y que resida en España, aunque sea temporalmente.
  • Llevanza de una contabilidad de la deuda personal por todos los subsidios percibidos y la creación de una norma fiscal justa para la recuperación progresiva  de la cuantía parcial o total de dichos subsidios, cuando sea posible.
  • Desaparición del impuesto de sucesiones (salvo los gastos que conlleve su certificación pública).
  • Disminución en lo posible de los impuestos que graban a las empresas que crean empleo y mayores beneficios fiscales de las empresas que más empleo produzcan.
  • Disminución del precio de la energía y gastos públicos, necesarios para mantener la actividad de las empresas que generan empleo.
  • Declaración de IVA mínimo para los alquileres de locales destinados a la actividad empresarial de autónomos y pequeña empresa.
  • Flexibilización máxima del mercado laboral, garantizando los derechos laborales de los trabajadores, el registro oficial de todo empleo, los derechos del empresario con respecto a sus empleados, los derechos de la empresa para su supervivencia o para su desaparición y los derechos de prevención social para que una mala práctica empresarial pueda generar una deuda impagable.
  • Máxima facilitación para la creación de contratos de trabajo (que deberán registrase públicamente, incluso online, siempre antes del comienzo del trabajo, aunque tan solo sea 1 minuto antes).
  • Creación de un contrato único, en principio indefinido, que podrá ser modificado en su tiempo, actividad y salario/hora con especificaciones dentro del mismo contrato y que sean pactadas y firmadas por empresario y trabajador.
  • Salario hora mínimo de 5 €.
  • Horas extras solo voluntarias y pactadas con un precio hora mínimo de 8 € y nunca mayor a media jornada diaria y mensual más.
  • Obligatoriedad de marcar en el contrato de trabajo, un horario laboral, que se podrá variar mediante comunicación oficial previa y de común acuerdo entre empresa y trabajador. Se legislará una normativa específica para casos especiales, como bajas o aumento de carga de trabajo inesperados.
  • Creación de un buzón laboral de denuncias, público y anónimo, que puedan recoger los abusos o ilegalidades tanto de empresarios como trabajadores y que llevarán a una inspección de los mismos.
  • Facilitación y ayuda públicos, para la gestión administrativa del autoempleo y la pequeña empresa.
  • Sistema fiscal de autónomos y pequeña empresa, con una tarifa mínima de 10 €, para el primer mes de actividad empresarial. Posteriormente un sistema fiscal progresivo según beneficios antes de contabilizar nuevas inversiones, según la siguiente tabla:
  • Sin beneficios o beneficios ente 0 y 200 € se mantiene una tarifa mensual de 10 €
  • de 200 a 400 € un 5%
  • de 500 a 750 €  un 6%
  • de 800 a 1000  € un 7%
  • de 1000 a 1200 € un 8%
  • de 1300 a 1500 € un 10%
  • de 1600 a 2000 € un 11%
  • de 2100 a 2500€ un 12%
  • de 2600 a 3000 € un 13%
  • Por cada 1000 € mas de beneficios se aplicará un 1% mas de fiscalidad, hasta un máximo del 30%. Se asegurará que por la aplicación fiscal escalonada, nunca haya menos beneficios netos para aquellos autónomos que hayan tenido mayores beneficios brutos que los de la escala inferior.
  • El impuesto al trabajo o a las empresas nunca será mayor de un 30% del salario bruto o los beneficios (antes de contabilizar nuevas inversiones).
  • Un IVA mínimo del 5% para productos o servicios básicos de consumo o necesarios para el funcionamiento de las empresas y un IVA del 30% para el resto de productos.

 

  • Obligación para los nuevos gobiernos, de crear un presupuesto a 4 años con un plan de financiación que persiga los siguientes objetivos:
  • Disminución progresiva de la deuda pública, siempre que la deuda sea mayor de un 30% del PIB. La intención es que en un periodo de 20 años se lograra este objetivo de una deuda menor del 30% del PIB.
  • Tendencia al déficit 0 o negativo (si fuera necesario reducir deuda).
  • Imposibilidad de solicitar financiación externa a la administración, salvo para inversiones necesarias y nunca para gasto de pago corriente. La necesidad de esta financiación debe ser aprobada por al menos 2/3 del congreso de diputados.
  • Necesidad de solicitar una moción de confianza por parte del gobierno, si se produce un déficit anual de un o,5% del PIB o mayor. La necesidad de una segunda moción de censura, significaría automáticamente, la necesidad de convocar nuevas elecciones en el primer trimestre del año.
  • Imposibilidad del gobierno de tomar dinero de la SS, para necesidades presupuestarias.

 

 

  • Criterios económicos generales de gestión económica del sistema autonómico:

 

  • La financiación autonómica, será directamente proporcional a los ingresos obtenidos por cada comunidad autónoma, deducida la colaboración, también proporcional, al gasto necesario del estado central y a la solidaridad interautonómica. Se deberá establecer un máximo de esta colaboración autonómica a los gastos del estado central, que sea justo y siga premiando la eficiencia en la gestión de cada autonomía.
  • Cualquier sistema de gestión económica que se aplique a una autonomía puede ser también válido para cualquier otra autonomía (por ejemplo el concierto económico y el cupo vasco).
  • El Estado central, deberá conservar las herramientas suficientes para conocer la contabilidad y fiscalidad real de cada autonomía, para poder realizar unas cuentas generales que sean verdaderas y para emitir una cuenta de resultados del estado central y de las comunidades autónomas que sea definitivo y siempre de rango superior al que puedan emitir las propias comunidades autónomas.
  • El Estado podrá y deberá emitir una serie de normas generales en cuanto a fiscalidad , déficit y deuda autonómica , para que puedan lograrse los objetivos de deuda generales del Estado. La comunidad autónoma que no pueda cumplir dichas normas, podrá ser intervenida económicamente por el Estado.
  • Las comunidades autónomas son libres para decidir como gastar su presupuesto y ademas, también podrán solicitar impuestos autonómicos especiales a los ciudadanos de su CA, siempre que no supongan una desigualdad de derechos básicos, para el resto de ciudadanos españoles, que residan en dicha comunidad.
  • Las comunidades autónomas pueden decidir mantener o crear instituciones de gestión como diputaciones, congreso de diputados autonómicos u otras entidades que crean necesarias, siempre que no supongan interacción con las instituciones del estado central o con los derechos fundamentales de otros ciudadanos españoles residentes en dicha comunidad y siempre que el gasto que supongan dichas instituciones, no generen un déficit mayor del permitido por el estado central.
  • El Estado deberá emitir anualmente un informe, de como cada CA ha gestionado sus recursos económicos, para que los ciudadanos conozcan la carga impositiva que cada gobierno autonómico impone a sus ciudadanos y los servicios que con ellos se consiguen, de tal forma que los ciudadanos de cada autonomía, puedan tener información económica, que les ayude a votar a uno u otro partido en las elecciones autonómicas.

 

 

B5/ PROPUESTAS SOBRE DESARROLLO, PREVENCIÓN, RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD INTERAUTONÓMICA:

 

  • UCDE, defiende el estado de las autonomías, previsto en la constitución como un sistema de distribución territorial, innovador y genuino de la Nación Española, que puede dar solución aceptable a la gestión de la diversidad dentro de la unidad, para los diversos territorios que componen la Nación Española. Incluso dada la modernidad del concepto, consideramos que puede ser un modelo exportable a otros territorios en Europa y el resto del mundo.

 

  • Definimos una comunidad Autónoma, como aquella unidad cultural y territorial dentro de la nación española, a la que se le dota del máximo grado de gestión administrativa e incluso política, pero sin que nunca pueda llegar a ser una nación independiente y sin que dicha gestión impida una correcta gestión de la unidad de todo el estado español.

 

  • Proponemos un desarrollo humano y territorial, que garantize el acceso de todas las comunidades autónomas, en igualdad de oportunidades, a los productos y servicios básicos de definan en cada momento a una sociedad de bienestar moderna en el mundo y asimismo profundicen en la cultura e idiosincrasia de cada comunidad autónoma dentro de un progresivo aumento de la cohesión y unidad nacional.

 

  • Para ello proponemos una revisión de todas las competencias cedidas a las autonomías, para garantizar que la aplicación de la diversidad, en la gestión autonómica, no haya producido injerencias en la gestión de la unidad nacional de España o desigualdades injustas entre las distintas autonomías. Para ello proponemos la posibilidad de recuperación de competencias por parte del Estado o en otros casos, mayor cesión de las mismas,  cuando se considere necesario para conservar una adecuada gestión de la diversidad pero siempre dentro de la Unidad Nacional de España.

 

  • En la financiación de las comunidades autónomas, nos remitimos al apartado que sobre el mismo hacemos en el apartado económico.

 

  • Se promoverá por el estado central y el de las autonomías una equilibrada gestión política y social que profundizando en la diversidad, consiga a la vez una progresiva adhesión y amor ciudadano a la unidad de la nación Española y a sus signos e instituciones. Para ello proponemos las siguientes medidas:

 

  • Aplicación estricta del articulo 3 de la constitución en cuanto al idioma general Español y las lenguas cooficiales, en el sentido de promocionar al máximo estas últimas pero garantizando que el único idioma que es DEBER conocer por todos los ciudadanos españoles y necesario exigir en la administración tanto general, como autonómica como local, sea el Español. A la vez, garantizar que la discriminación positiva que se pueda aplicar para promocionar las lenguas cooficiales, no sea nula ni disparatada. En este sentido la valoración de un idioma cooficial para el acceso a cualquier nivel de la administración por concurso oposición, no sea nunca mayor al 50% de cualquier título o master específico de la materia a la que se quiere acceder.
  • Convertir el Senado en una cámara de diálogo interautonómico, que potencie el conocimiento, la colaboración, la solución de problemas y la solidaridad interautonómica, así como el reconocimiento y amor a la única Patria de todos.
  • Promoción del conocimiento cultural interautonómico y las relaciones institucionales y civiles entre las diferentes comunidades autónomas.
  • Control del debido aprovechamiento, por parte de las comunidades autónomas receptoras de fondos de solidaridad interautonómico o europeos,  para los fines a los que hayan sido destinados dichos fondos.
  • Medidas de promoción en todas lasa autonomía de los signos e instituciones que definen a la nación española, como su himno, su bandera, su ejército, la Monarquía o las instituciones centrales del Estado.

 

B6/ PROPUESTAS SOBRE JUSTICIA, ORDEN INTERIOR Y DEFENSA:

 

  • Proponemos una progresiva promoción de la justicia hacia un sistema nacional de justicia (parecido al sistema nacional de salud), cuyos gastos dependan casi en total medida de los presupuestos del Estado y que garantize un acceso a la justicia en igualdad de todos los ciudadanos, independiente del nivel económico y que por supuesto esté basado en una justicia ciega (independiente de la influencia económica o social de las personas).

 

 

 

B7/ PROPUESTAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA(UE) Y RELACIONES EXTERIORES:

 

 

B8/ PROPUESTAS SOBRE ECOLOGÍA, ENERGÍA, INDUSTRIA, AGRICULTURA, COMERCIO, COSTAS Y MARES.

 

 

B9/ PROPUESTAS SOBRE FOMENTO, INNOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN.

 

 

B10/ PROPUESTAS SOBRE SANIDAD, CULTURA Y DEPORTE

 

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